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El acceso al agua no depende de su abundancia o escasez, sino de la forma en cómo está organizada la sociedad, de quiénes toman las decisiones, con qué criterios se distribuye el agua y de quiénes detentan el poder.

En el caso de Chiapas, destaca que 13.5 por ciento de las mujeres mueren en el hospital por infecciones intestinales y 15.3 por ciento debido a la desnutrición. Para las que son madres solas y jefas de hogar, ello implica una tensión económica fuera de lo normal, ya que los costos asociados con un caso de diarrea por parasitosis llegan a oscilar entre 900 y mil pesos por persona.

En síntesis, en Chiapas las mujeres rurales enfrentan los siguientes problemas relacionados con el agua:

Falta de acceso en cantidad y calidad adecuadas: las mujeres rurales son vistas como beneficiarias o consumidoras del agua y no como principales usuarias, cuidadoras, administradoras o tomadoras de decisiones en los ámbitos doméstico y familiar. De ello se ha derivado una limitada o nula representatividad y participación de las mujeres en las asambleas comunitarias.

En los municipios indígenas las mujeres tienen un limitado acceso a la tierra y, por ello, al agua para uso productivo o doméstico. Las desigualdades con respecto a la tenencia de la tierra se relacionan con una cultura que considera que las mujeres no requieren de poder ni pueden tomar decisiones con respecto al agua, ya que su rol consiste en el cuidado de los hijos y las hijas y en el trabajo doméstico.

El incremento de la migración de los hombres ha aumentado las responsabilidades domésticas, económicas y productivas de las mujeres, y ello no ha significado una modificación de las costumbres y de las políticas relacionadas con el agua y la tenencia de la tierra. La invisibilidad de las mujeres como principales usuarias del agua para el cuidado de la tierra y de la casa, en virtud de la migración de los hombres, las deja sin poder e impotentes con respecto a las decisiones sobre la tierra y la vivienda.

Debido a la división sexual del trabajo, las mujeres siguen siendo las principales usuarias y administradoras del agua para el uso doméstico, y también son las que mayor manejo dan a los desechos sólidos (basura) –debido a sus responsabilidades en la preparación de la alimentación y en la higiene del hogar-, y sin embargo todavía no existe una real preocupación para la elaboración de planes, programas y políticas orientados a sus necesidades específicas.

La contaminación sin precedentes del agua por coniformes fecales contribuye a que las mujeres embarazadas, las ancianas y las niñas sufran serios problemas de desnutrición y salud gastrointestinal. Ellas son las que más están en contacto con el agua contaminada, cuyas enfermedades se transmiten por su ingesta y por medio de la piel.

Estos problemas no están suficientemente documentados en indicadores y diagnósticos, y las investigaciones académicas sobre la relación mujeres rurales-agua-ambiente carecen de datos concretos que permitan la formulación de hipótesis y también de políticas públicas orientadas a la temática agua y género.

El 26 de junio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, y en septiembre de 2011 el Senado de la República aprobó una reforma a la Constitución mexicana que establece entre otras cosas que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, y estas disposiciones legales no se han traducido en iniciativas concretas ni mucho menos en políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres al agua en cantidad y calidad adecuadas, ni en accesibilidad física y económica. Si la situación y las condiciones de las mujeres con respecto al agua continúan siendo ignoradas, las mujeres seguiremos viendo nuestros derechos violados y, en el mejor de los casos, seguiremos siendo ciudadanas de segunda clase.

Artículo publicado en La Jornada del Campo, 19 de abril de 2014.

Este es un debate que alerta sobre el peligro de las privatizaciones y el recrudecimiento de la exclusión de la gran mayoría de seres humanos del acceso a los elementos que posibilitan la vida, como el agua, la tierra, el aire, los mares, los bosques, las plantas y las semillas, y a los elementos por medio de los cuales la vida se manifiesta, por ejemplo las culturas, el arte, la sabiduría ancestral y el conocimiento local, las tecnologías, las prácticas y las relaciones que construimos con el entorno.

Las desigualdades sociales entre mujeres y hombres han constituido un obstáculo histórico para el ejercicio y la exigibilidad de los derechos y para la toma de decisiones. El acceso a los bienes comunes ha estado históricamente vetado para las mujeres en situación de marginación, principalmente las indígenas. A pesar de ser bienes comunes para toda la comunidad, el agua, la tierra, las semillas y las plantas han sido en realidad sólo de acceso masculino.

En México, para el año 2010, del total de 56 millones 924 mil 903 mujeres, 15.3 por ciento era indígena, mientras que para el total general de 16 millones 933 mil 283 habitantes indígenas, 51.3 por ciento era de mujeres.

Aunque las mujeres indígenas no configuran un grupo hegemónico, de manera general sí comparten condiciones similares de exclusión, pobreza y marginación, que se manifiestan en la violencia estructural; en la violencia intrafamiliar, y en la violación de sus derechos básicos, como alimentación, salud, educación y vivienda. La información disponible sobre las mujeres indígenas en México demuestra que ellas experimentan mayores índices de pobreza; son explotadas y reciben menores salarios; tienen menor nivel de escolaridad; menos años de esperanza de vida; mayores índices de mortalidad infantil y materna; mayor desnutrición, y menor acceso a los servicios públicos de saneamiento y a los bienes comunes como el agua potable, la tierra, las semillas criollas y la leña.

La crisis de subsistencia por la que atraviesan estas indígenas se ha traducido en una intensa migración interna desde el campo hacia las ciudades. En México, para el año 2010, la mayor parte de las mujeres indígenas, el 54.1 por ciento, vivía en ciudades, en búsqueda de trabajo, seguridad y mejores condiciones de vida. Ello, como respuesta al deterioro ambiental; a la presión demográfica sobre la tierra; a la ausencia de subsidios agrícolas para las mujeres, y a las normas y costumbres comunitarias excluyentes, violentas y desiguales que limitan su acceso a los bienes comunes naturales.

La disputa por los bienes comunes ha generado conflictos intergeneracionales, étnicos y políticos, y las mujeres son las más afectadas, pues, debido a la división sexual del trabajo, ellas son las que más se relacionan con estos bienes y sin embargo no tienen poder de decisión sobre los mismos, además de que no son reconocidas ni están lo suficientemente empoderadas para participar en los espacios público y privado donde se toman las decisiones sobre los bienes comunes.

La privatización de los bienes comunes se traduce en mayor pobreza y marginación, y es innegable que la medición convencional de los índices de desarrollo presenta sesgos de género, pues no visibilizan la situación específica de las mujeres indígenas. Además, las estadísticas presentadas por las instancias gubernamentales indígenas suelen mostrar a los hogares indígenas como espacios armónicos, con una supuesta participación equitativa de mujeres y hombres en los ingresos, en la toma de decisiones y en el disfrute de los derechos, y omiten el trabajo doméstico y el cuidado infantil, de adultos mayores y de enfermos –que son trabajos realizados diariamente por las mujeres-. Asimismo, omiten las prácticas y costumbres comunitarias excluyentes para las mujeres de los espacios de toma de decisión sobre los bienes comunes, en especial sobre la tierra y el agua, y principalmente sobre los proyectos desarrollistas como la minería, los monocultivos y la construcción de represas y de carreteras –proyectos que implican privatización de los bienes comunes.

Todavía hay mucho qué hacer para superar la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a los bienes comunes. Las relaciones desiguales de poder, los diferentes tipos de violencia que viven las mujeres, los roles tradicionales de género y la división sexual del trabajo son elementos importantísimos que, no obstante, son soslayados al momento de hablar de los bienes comunes.

Artículo publicado en La Jornada del Campo – Suplemento Nosotras 15 de marzo 2014