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Chiapas es el estado en donde se consume más refrescos en México. En la región de Los Altos, el consumo está arriba del promedio nacional: 821 litros al año, lo que equivalen a 2.25 litros por persona. Asimismo, presentamos uno de los mayores índices de marginalidad y de mortalidad en mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores por desnutrición e infecciones gastrointestinales. Es gravísimo que, por falta de acceso al agua, Chiapas ocupe el primer lugar en el consumo de bebidas azucaradas del mundo.

Esto genera sin duda graves daños a la salud humana, debido a enfermedades como: hipertensión, diabetes, problemas renales y cardíacos, osteoporosis, caries dental, desnutrición y obesidad. En San Cristóbal de Las Casas, la empresa Coca Cola FEMSA tiene la concesión para extraer agua de 3 pozos profundos. La empresa extrae, diariamente, más de 1.6 millones de litros diarios (320  pipas 10,000  de Agua al día). En comunidades indígenas, la empresa vende sus productos con un precio de hasta 30% más bajo que el promedio nacional, generando una dependencia del refresco, pues en esas comunidades el agua no tiene calidad para consumo humano. Todo eso lleva a la pérdida de la identidad cultural y prácticas ancestrales. Coca Cola ha sustituido bebidas tan elementales como el agua, tan tradicionales como el pozol y tan espirituales como el posh (bebida extraída de la caña de maíz).

A su vez, esta explotación del agua genera una mayor presión sobre los ecosistemas de humedales de San Cristóbal, principalmente dos los de Lagos de María Eugenia y La Kisst, los cuales  son humedales de Montaña y que proveen el 70% de agua potable a la población. A pesar de que en 2008 estos sitios fueron declarados como áreas naturales protegidas con el carácter de zona sujeta a Conservación Ecológica, la problemática del agua se ha intensificado debido al crecimiento de la población, a la deforestación, la minería de arena y grava.

Desde Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, hemos visibilizado que debido a división sexual y genérica del trabajo, las mujeres son las principales cuidadoras y administradoras del agua para uso personal y doméstico, sin embargo no son reconocidas ni valoradas como tales. En contextos rurales e indígenas, esta situación se intensifica, toda vez que el servicio de agua entubada es casi nulo, y las mujeres y niñas necesitan recorrer largas distancias y emplear varias horas al día para el acarreo de agua para toda la familia, lo que implica un gran desgaste físico, generando problemas musculares, de espalda, dolores de cintura, de cabeza, caídas, abortos espontáneos, además de sufrir acosos o violencia sexual en el trayecto. Esto nos afecta en términos de Salud y dignidad.

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Las mujeres luchamos para que la vida esté en el centro de la organización social, política y económica.

Las defensoras ambientales son todas las mujeres que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad los derechos ambientales, el derecho al agua, a la tierra y al territorio. Son mujeres con un firme compromiso en “visibilizar situaciones de injusticia social y combatir la impunidad”.

Las defensoras ambientales en su mayoría son mujeres indígenas y campesinas, que defienden sus territorios y culturas de los proyectos de desarrollo neoliberal y extractivista, como mineras, fracking, eólicas, represas, monocultivos, tala de árboles, proyectos turísticos, grandes carreteras y otros que afectan el territorio, la vida humana y no humana.

Las mujeres, principalmente las indígenas y las mestizas marginadas nos organizamos, luchamos y resistimos a los embates de las empresas que despojan los territorios con la complicidad del gobierno.

Somos defensoras ambientales

Las mujeres, principalmente las indígenas y mestizas marginadas, impulsan prácticas ecológicas que promueven la justicia ambiental.

Las mujeres protegen y defienden sus tierras, semillas, aguas, territorios y vidas comunitarias. Juntas, enfrentan el deterioro ambiental, el despojo territorial y la pobreza.

Todo este trabajo lo realizamos en condiciones de peligro: sufrimos amenazas, difamación y violencia. Muchas veces lo hacemos en medio a conflictos y sin el apoyo de la comunidad o de la familia.

Ya basta de criminalizar las defensoras del ambiente

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México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio, la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas. Estas valientes mujeres, muchas de ellas lideresas comunitarias y activistas, han sufrido amenazas, difamaciones, persecuciones, intimidaciones, violencia emocional, física y sexual, la criminalización de la protesta social, entre otras acciones que significan la violación sistemática de sus derechos a defender a los derechos.

En 2018 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó una política para la protección de defensoras y defensores ambientales, en la que “se compromete a trabajar con gobiernos y empresas para mejorar la protección de aquellas personas que están en la línea de frente en la batalla por el futuro de nuestro planeta”. Entre otros elementos, esta política se compromete a:

* Denunciar los ataques contra activistas y a impulsar la rendición de cuentas de los responsables, al mismo tiempo que realiza incidencia ante gobiernos y empresas en pos de una protección más eficaz;

* Establecer un Mecanismo de Respuesta Rápida a través del cual las y los activistas ambientales puedan informar casos de amenazas o ataques, de modo tal que el PNUMA pueda denunciar o tomar otras medidas de apoyo o protección;

* Proporcionar apoyo legal y técnico, así como recursos, a sociedad civil, gobiernos, jueces y empresas para el apoyo y la protección de personas defensoras;

* Lanzar una campaña global para crear conciencia y estimular la acción sobre la protección ambiental, posicionando como central el papel de las personas defensoras del medio ambiente.

Sin embargo, esta política aún no cuenta con mecanismos de aplicación en México. Aquí, existe una fuerte tensión entre la defensa del territorio y sus bienes naturales, y los intereses de las empresas que, respaldadas por las reformas constitucionales y con el apoyo del Estado, están invadiendo los territorios rurales y urbanos, destruyendo el ecosistema, e implementando proyectos desarrollistas y extractivistas.

Nosotras decimos !NO¡ a los intereses políticos y económicos en el territorio.

Decimos sí a la vida, a la gestión comunitaria de los bienes comunes.

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La otra Pandemia: la Coca Cola en Chiapas

Sobrepeso – Obesidad – Diabetes – Hipertensión – Anemia = mayor riesgo de enfermarse por COVID

Desde el mes de abril de 2020, con la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en Chiapas, aumentó el consumo de refrescos.

Chiapas ocupa uno de los 1º lugares en sobrepeso, obesidad y diabetes.

Aquí se consume aproximadamente 1.5 litros de refrescos por día.

Al incrementar el consumo de refrescos, se aumentan los riesgos de complicaciones graves, en caso de contraer una infección COVID19.

Saqueo del agua en San Cristóbal – ¿Cómo lavarse las manos?

La empresa Coca-Cola FEMSA extrae diariamente casi 1 millón de litros de agua.

Eso impide que gran parte de la población tenga agua suficiente para el lavado de manos y otras medidas para evitar el contagio del COVID y salvar sus vidas.

¿Y las mujeres?

Además del diabetes, entre las mujeres indígenas de Chiapas que cocinan con leña, es muy frecuente la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La EPOC es una enfermedad consiste en una reducción de la elasticidad y capacidad pulmonar, lo que las hace propensas a infecciones, problemas cardiacos y cáncer pulmonar.

La EPOC es una de las principales causas de muerte de las mujeres indígenas mayores de 45 años.

La anemia es otro problema muy frecuente en las mujeres indígenas, resultado de deficiencias en su alimentación, las parasitosis y la exposición al humo de leña. Estas condiciones hacen que una infección por COVID19 presente muy altas probabilidades de complicarse.

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