México ocupa el cuarto lugar más peligroso en América Latina para las defensoras ambientales, que día con día luchan para defender la tierra, el territorio, la biodiversidad frente a las embestidas del Estado y las empresas. Estas valientes mujeres, muchas de ellas lideresas comunitarias y activistas, han sufrido amenazas, difamaciones, persecuciones, intimidaciones, violencia emocional, física y sexual, la criminalización de la protesta social, entre otras acciones que significan la violación sistemática de sus derechos a defender a los derechos.
En 2018 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) presentó una política para la protección de defensoras y defensores ambientales, en la que “se compromete a trabajar con gobiernos y empresas para mejorar la protección de aquellas personas que están en la línea de frente en la batalla por el futuro de nuestro planeta”. Entre otros elementos, esta política se compromete a:
* Denunciar los ataques contra activistas y a impulsar la rendición de cuentas de los responsables, al mismo tiempo que realiza incidencia ante gobiernos y empresas en pos de una protección más eficaz;
* Establecer un Mecanismo de Respuesta Rápida a través del cual las y los activistas ambientales puedan informar casos de amenazas o ataques, de modo tal que el PNUMA pueda denunciar o tomar otras medidas de apoyo o protección;
* Proporcionar apoyo legal y técnico, así como recursos, a sociedad civil, gobiernos, jueces y empresas para el apoyo y la protección de personas defensoras;
* Lanzar una campaña global para crear conciencia y estimular la acción sobre la protección ambiental, posicionando como central el papel de las personas defensoras del medio ambiente.
Sin embargo, esta política aún no cuenta con mecanismos de aplicación en México. Aquí, existe una fuerte tensión entre la defensa del territorio y sus bienes naturales, y los intereses de las empresas que, respaldadas por las reformas constitucionales y con el apoyo del Estado, están invadiendo los territorios rurales y urbanos, destruyendo el ecosistema, e implementando proyectos desarrollistas y extractivistas.
Nosotras decimos !NO¡ a los intereses políticos y económicos en el territorio.
Decimos sí a la vida, a la gestión comunitaria de los bienes comunes.