El 15 de julio la Red de Defensoras del Agua y el Territorio acompañó y acuerpo a su compañera Elizabeth Suárez en la rueda de prensa donde se dio a conocer que se retiró la carpeta de investigación en su contra por delitos como pandillerismo y secuestro, este es un gran logro para ella, su colonia y todas las defensoras, porque resalta que pese a la criminalización y corrupción que existe en las diferentes dependencias de gobierno local, estatal y federal aún se le puede arrebatar un poco de justicia al estado.
La Criminalización como forma de silenciar las voces
Ante la depredación voraz de los cuerpos-territorios de las mujeres y los territorios-tierra generada por el sistema capitalista y patriarcal, reforzado gracias a un Estado que no sólo tolera, sino que refuerza estos despojos, las comunidades han buscado organizarse, levantar la voz y tomar los espacios públicos para exigir el respeto y la garantía de sus Derechos.
Como respuesta a estas protestas surge la criminalización orquestada entre el estado y los actores privados hacia los y las defensoras de los territorios y los derechos humanos, esta es una estrategia que el sistema capitalista, racista y patriarcal utiliza para castigar a los y las lideresas de diferentes movimientos sociales, a través de esta estrategia se infunde el temor en las comunidades o territorios y se silencian los movimientos.
Tal es el caso de Elizabeth Suárez integrante del colectivo vecinal “Somos la Maya” y de la Red de Defensoras del Agua y Territorio.
Acá su historia, una historia de lucha, frustración, temor, aprendizajes, fortalezas y un poco de Justicia.
Su lucha comienza así…
Elizabeth vive en la Colonia Maya, una colonia ubicada al pie de una montaña al Sur de San Cristóbal de Las Casas, hace ocho años el dueño de un área vecina a la colonia comenzó la tala indiscriminada del espacio para la construcción de un fraccionamiento, la devastación de la montaña generó la inundación de la colonia, a partir de esa situación la colonia comenzó a organizarse para exigir tanto la reparación de los daños como la protección a la montaña. Se manifestaron por diferentes vías, reuniones en cabildo, denuncias públicas y marchas, como consecuencia de estas protestas Elizabeth y cinco integrantes más de la mesa directiva de la colonia fueron injustamente denunciados por delitos como pandillerismo, ataque a las vías de comunicación, incitación a la violencia, y el más grave, privación de la libertad en grado de secuestro.
Durante seis años tuvieron giradas órdenes de aprehensión por esos supuestos delitos, fueron seis años de frustración por no tener un debido proceso, seis años de vivir con el coraje y la frustración por haber sido criminalizada y criminalizados sólo por defender sus derechos, seis años con el miedo y la indignación de que el Estado no solo no garantiza sus derechos, sino que te señala y castiga si tu misma intentas defenderlos.
Sin embargo, ni Elizabeth ni sus compañeros dejaron de organizarse y luchar por la protección a la montaña y a su colonia. Finalmente, con la ayuda de Amnistía Internacional y el despacho San Ángel, lograron obtener el retiro de la orden de aprehensión girada injustamente en su contra por ejercer su derecho a defender la vida.
En la defensa de los Derechos, las defensoras viven más opresión y violencia
En el pronunciamiento, la Red afirmó que, “como Defensoras del Agua y el Territorio apoyamos, acuerpamos y nos alegramos por nuestra compañera Elizabeth haya alcanzado un poco de justicia, pero nos parece importante señalar que ella no es la única defensora que ha sido criminalizada o atacada por su trabajo en la defensa o ambiental. Es importante reconocer que las dinámicas de opresión y violencia que vivimos las defensoras son diferenciadas a las que sufren los hombres, ya que, para nosotras, además de las amenazas y criminalizaciones, vivimos difamación, acoso, violencia física, emocional y sexual, así mismo, se nos invisibiliza en las tomas de decisiones y en los puestos de poder, ya que nuestro trabajo amenaza al sistema capitalista- patriarcal, aunado a esto tenemos que señalar que estas violencias no son ejercidas únicamente por el estado, sino también por parte de familiares, comunidades e incluso de los mismos miembros de las organizaciones”.
En ese sentido, un informe publicado por La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras señala que en el periodo de 2013 a 2023 se han documentado 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras en Mesoamérica (México, Guatemala, el salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), de las cuales 4,504 han sido agresiones contra defensoras u organizaciones de mujeres que defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.
¡No más agresiones y criminalización hacia las defensoras de la tierra y el territorio!
