Desde Chiapas: Mujeres Rurales y Acceso al Agua

Chiapas presenta grandes contrastes. Uno de ellos es que aunque es de los estados con más disponibilidad de agua, su población, sobre todo la rural, es de las que más carece de este recurso en cantidad, calidad y accesibilidad. En los mejores casos, las familias sobreviven con un máximo de cien litros por día para realizar todas sus necesidades, esto es cada miembro cuenta con apenas 20 litros diarios. Para tomar un baño con cubeta se requiere de un mínimo de diez litros. Y esa agua es acarreada por las mujeres, lo cual no solamente aumenta su carga laboral, sino que incrementa sus padecimientos de dolores de espalda y piernas.

El acceso al agua no depende de su abundancia o escasez, sino de la forma en cómo está organizada la sociedad, de quiénes toman las decisiones, con qué criterios se distribuye el agua y de quiénes detentan el poder.

En el caso de Chiapas, destaca que 13.5 por ciento de las mujeres mueren en el hospital por infecciones intestinales y 15.3 por ciento debido a la desnutrición. Para las que son madres solas y jefas de hogar, ello implica una tensión económica fuera de lo normal, ya que los costos asociados con un caso de diarrea por parasitosis llegan a oscilar entre 900 y mil pesos por persona.

En síntesis, en Chiapas las mujeres rurales enfrentan los siguientes problemas relacionados con el agua:

Falta de acceso en cantidad y calidad adecuadas: las mujeres rurales son vistas como beneficiarias o consumidoras del agua y no como principales usuarias, cuidadoras, administradoras o tomadoras de decisiones en los ámbitos doméstico y familiar. De ello se ha derivado una limitada o nula representatividad y participación de las mujeres en las asambleas comunitarias.

En los municipios indígenas las mujeres tienen un limitado acceso a la tierra y, por ello, al agua para uso productivo o doméstico. Las desigualdades con respecto a la tenencia de la tierra se relacionan con una cultura que considera que las mujeres no requieren de poder ni pueden tomar decisiones con respecto al agua, ya que su rol consiste en el cuidado de los hijos y las hijas y en el trabajo doméstico.

El incremento de la migración de los hombres ha aumentado las responsabilidades domésticas, económicas y productivas de las mujeres, y ello no ha significado una modificación de las costumbres y de las políticas relacionadas con el agua y la tenencia de la tierra. La invisibilidad de las mujeres como principales usuarias del agua para el cuidado de la tierra y de la casa, en virtud de la migración de los hombres, las deja sin poder e impotentes con respecto a las decisiones sobre la tierra y la vivienda.

Debido a la división sexual del trabajo, las mujeres siguen siendo las principales usuarias y administradoras del agua para el uso doméstico, y también son las que mayor manejo dan a los desechos sólidos (basura) –debido a sus responsabilidades en la preparación de la alimentación y en la higiene del hogar-, y sin embargo todavía no existe una real preocupación para la elaboración de planes, programas y políticas orientados a sus necesidades específicas.

La contaminación sin precedentes del agua por coniformes fecales contribuye a que las mujeres embarazadas, las ancianas y las niñas sufran serios problemas de desnutrición y salud gastrointestinal. Ellas son las que más están en contacto con el agua contaminada, cuyas enfermedades se transmiten por su ingesta y por medio de la piel.

Estos problemas no están suficientemente documentados en indicadores y diagnósticos, y las investigaciones académicas sobre la relación mujeres rurales-agua-ambiente carecen de datos concretos que permitan la formulación de hipótesis y también de políticas públicas orientadas a la temática agua y género.

El 26 de junio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró “el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”, y en septiembre de 2011 el Senado de la República aprobó una reforma a la Constitución mexicana que establece entre otras cosas que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho, y estas disposiciones legales no se han traducido en iniciativas concretas ni mucho menos en políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres al agua en cantidad y calidad adecuadas, ni en accesibilidad física y económica. Si la situación y las condiciones de las mujeres con respecto al agua continúan siendo ignoradas, las mujeres seguiremos viendo nuestros derechos violados y, en el mejor de los casos, seguiremos siendo ciudadanas de segunda clase.

Artículo publicado en La Jornada del Campo, 19 de abril de 2014.

Última modificación: 8 de junio de 2015 a las 15:29